Despojo sistemático, el caso de Chuarrancho y Chichicastenango

La Corte de Constitucionalidad acaba de hacer justicia defendiendo la bendita propiedad privada de la comunidad indígena “Vecinos de la Aldea Chuarrancho”. Como en tantos otros casos similares, el despojo sistemático del que son objeto los pueblos indígenas puede rastrearse desde tiempos de la colonia hasta nuestros días. En 1690 los pobladores de Chuarrancho compraron a la Corona Española 442 caballerías de su propia tierra. Justo Rufino Barrios las redujo a 166 y Reyna Barrios a 81. En el año 2001, el alcalde de ese entonces, Santos Punay, en contubernio con el Registro General de la Propiedad por medio de una transa electrónica cambió ilegal y arbitrariamente el nombre de los propietarios de los “Vecinos de la aldea de Chuarrancho” a la Municipalidad de Chuarrancho. Qué casualidad que este mismísimo “error” sucedió también en Chichicastenango. Y como en Chichi, este “lapsus” sirvió para que Guatel, hoy Telgua (la telefónica propiedad de uno de los hombres más ricos del mundo) resultara dueña de los mejores terrenos de la comunidad. ¡En Chichicastenango el terreno fue vendido por la ridícula suma de veinte quetzales, mientras que en Chuarrancho, Santos Punay lo donó a Guatel! En esa misma fecha la municipalidad de Chuarrancho otorgó 10 kilómetros cuadrados a Motagua Resources, Sociedad Anónima. Estos vergonzosos y malinches despojos fueron anulados en una histórica sentencia de la Corte de Constitucionalidad donde ordena restituir a la comunidad de Chuarrancho las caballerías que habían sido despojadas de manera irregular. Exigimos ver ahora que se cumpla la ley. Foto de Nelton Rivera, Comunitaria Press